Quito, ciudad, luz y puz
Carta del Comité de Actores Culturales enviada ala alcaldía en diciembre del 2015
Durante la Alcaldía de Mauricio Rodas, el Comité de Actores Culturales ha circulado en distintas esferas del debate público de la ciudad, ideas y perspectivas que interpelan críticamente las acciones y omisiones de la Secretaría de Cultura del DMQ, liderada actualmente por Pablo Corral. Cinco años después, proponemos un ejercicio de memoria y balance de lo que ha significado para la ciudad la gestión de la cultura en esta administración, y ubicando los aciertos y desaciertos, planteamos algunos ejes, cuestionamientos y continuidades de ciertos procesos que creemos que la Alcaldía de Jorge Yunda debería revisar o sostener en el ámbito de la cultura. Partimos de reconocer que el análisis que presentamos como Comité de Actores Culturales responde a una experiencia concreta y activa en este campo, tanto en la docencia universitaria y la investigación como en la producción artística y la gestión cultural; sin embargo, como cualquier perspectiva de aproximación crítica siempre resulta parcial. También sabemos que muchas de nuestras preocupaciones son transversales y que se pueden expandir hacia otros análisis.
Antes de entrar a debatir sobre asuntos relacionados con la política cultural en Quito, queremos rechazar de manera frontal el racismo y clasismo que ha provocado en redes sociales el triunfo de Jorge Yunda. Opiniones que culpan al “populacho” de haber elegido al Alcalde o apelativos que utilizan de manera despectiva términos como “longo” o “indio”, dan cuenta de una sociedad conflictiva y fragmentada por miradas e intereses de clase, pero también de la profunda arrogancia (rima con ignorancia) de una clase social. Esas reacciones son un síntoma de que la sociedad quiteña no ha superado taras coloniales y que el racismo y la exclusión en sus más variadas expresiones, persisten. Pensamos que cualquier gestión de la cultura debería trabajar en la generación de espacios realmente incluyentes, dialogantes y descentralizados para todas y todos los quiteños.
I
En marzo de 2019, a tan solo dos meses de terminar la gestión del Alcalde Mauricio Rodas, circuló entre varios agentes culturales una invitación expedida por la Secretaría de Cultura del DMQ, para participar en el taller titulado “Gestión cultural municipal. Reflexiones para el futuro”, el cual sería facilitado con el apoyo de la Fundación Pistoletto, con el objetivo de generar un diagnóstico sobre la gestión municipal en el ámbito cultural durante esta administración; otros objetivos que se mencionan en el comunicado fueron: coordinar una “transición ordenada” hacia la siguiente gestión de la Secretaría de Cultura y que el taller “permitirá entregar un documento sólido a la próxima administración con sugerencias sobre lo que se debe conservar, lo que se debe cambiar y lo que se debe mejorar en la gestión cultural municipal”. El taller se lleva a cabo el 28 y 29 de marzo y se basa en la Resolución A015 de la Alcaldía sobre los derechos culturales, por demás, un documento meramente enunciativo y retórico en esta administración. Teniendo en cuenta que es la primera vez que la Secretaría de Cultura abre un taller de estas características, nos preguntamos: ¿Se han incluido en él a voces críticas? Si fuera el deseo construir un debate democrático y recibir contribuciones diversas, ¿no hubiera sido más adecuada una convocatoria pública en lugar de invitaciones discrecionales?
Es probable que una invitación amplia hiciera más compleja la metodología del taller y por esta razón fuera necesario acotar la participación. También es probable que el desconocimiento de la entidad internacional encargada de facilitar el taller haya descuidado tener en cuenta la diversidad de perspectivas que existen en los territorios. Por otra parte, en la “ordenada transición” a la que se refiere la invitación, ¿cabe alguna objeción a la continuidad de ciertas políticas que se han instaurado en la administración de Pablo Corral? ¿Hay realmente espacio para que las organizaciones de base puedan incidir en la política pública de futuro? En invitaciones a talleres como este siempre surgen preguntas fundamentales: ¿Quién se arroga el derecho de invitar? ¿En qué condiciones se establece la participación? ¿De qué es posible hablar y de qué no? Si no tomamos en cuenta estas interrogantes desde el inicio, todo proceso “participativo” cae bajo sospecha de ser un intento de instrumentalización y autovalidación.
Consideramos que este “taller participativo” propuesto desde la Secretaría de Cultura del DMQ no reúne la complejidad de voces de un contexto cultural diverso como el nuestro. Las políticas que pretenden diseñar otros modelos de gobernanza en cultura para las ciudades, se gestionan de otro modo, en otros tiempos y condiciones. ¿Otro diagnóstico más? ¿Para qué? En estos años de gestión, la Secretaría de Cultura del DMQ no hizo un esfuerzo serio de revisar, concatenar y trabajar en base a los diagnósticos existentes, investigaciones y documentos que reposan en los archivos de la institución, como lo sugirió en su momento el Comité de Actores Culturales. Cinco años sin política cultural pública y a dos meses de concluir esta gestión, se convoca a un taller-diagnóstico. ¿En serio?
Sobre la Fundación Pistoletto, no podemos dejar de admirarnos de la perpetuación colonial que esta relación supone. Seguramente la metodología que implementarán en el taller es creativa e “innovadora”, pero estamos seguros que carece de lugar, de sentidos localizados que permitan delinear un espacio de mediación, diálogo y sobre todo una evaluación amplia de la gestión de esta Secretaría de Cultura. Queda aún por responder: ¿Por qué esta Fundación facilita el taller? ¿Cuánto ha gastado el Municipio en su organización? ¿Por qué la metodología no fue trabajada con especialistas, agentes culturales, gestores y colectivos locales? ¿No los hay? Reflexionar sobre las dinámicas de un campo cultural no se limita a las comprensiones exclusivas de algunos funcionarios institucionales y de fundaciones internacionales “neutras”, requieren poner en juego conflictos y voces críticas. Nada nos extraña; la mirada colonial presente en eventos como la Fiesta de la Luz, o la presencia constante de curadores internacionales de arte, de paso efímero por el Centro Cultural Metropolitano, que poco o nada dejan a las instituciones locales, pagados con miles de dólares (montos que los agentes locales no logran ganar ni en un año de trabajo precario), le ponen la cereza al pastel con este último gesto. En esta transición, tanto la Secretaría de Cultura como las instituciones que de ella dependen, deberían presentar un informe de su gestión, con un detalle del uso de los presupuestos públicos.
La Fiesta de la luz, hija de Hábitat III -de lo que se conoce- le cuesta a la ciudad aproximadamente un millón y medio de dólares por cada edición; mientras tanto los servicios públicos en cultura (más aún aquellos situados fuera de las centralidades) ruegan por presupuestos, por contrataciones dignas para el trabajo cultural. La política del espectáculo de la Fiesta de la Luz se ha vuelto objeto prioritario para una futura ordenanza municipal que en poco tiempo busca institucionalizar este evento como emblema de la ciudad, apelando a su origen religioso (y además, francés) que exalta el patrimonio monumental hispánico-colonial del centro histórico de Quito. Las políticas culturales que se construyen priorizando como único horizonte las marcas ciudad, la ciudad creativa, la promoción internacional para el turismo y la estetización de los espacios urbanos, sin un trabajo prioritario con agendas sociales y comunitarias y en diálogo con las prácticas culturales diversas, son solo moda y discurso calcado.
Mientras espectáculos como la Fiesta de la Luz han sido prioridad en la política de Rodas, los museos y centros culturales siguen la tendencia global en la administración pública de museos la cual consiste en la tercerización laboral y precarización de equipos educativos. En el caso de la ciudad de Quito, el ejemplo más evidente ha sido el Centro Cultural Metropolitano (CCM) donde los equipos educativos se tambalean en la inestabilidad laboral, los contratos temporales y los pagos prorrogados. Las mediadoras educativas del CCM realizan su trabajo en condiciones precarias, sin contrato fijo ni seguro social, obligadas a estar en las salas expositivas sin la posibilidad de desarrollar proyectos de vinculación con los públicos, trabajando seis días a la semana. Ningún proyecto público de museos y centros culturales se puede sustentar en la gestión de agendas privadas, la cena lujosa y el cóctel de inauguración exclusivo para una élite. Estos procesos pomposos de la Secretaría de Cultura y del CCM han cerrado la posibilidad de participación y formación profesional, procesual y acompañada, de actores culturales locales, dando cabida en su mayoría a “expertos extranjeros”. Aunque varias exposiciones realizadas en este espacio se presenten como irruptivas, desafiantes y en busca de la igualdad de derechos, ¿no es esta una práctica contradictoria? No es lo mismo el número de visitantes en una muestra que la repercusión real que se logra en un trabajo planificado en procesos educativos que permitan momentos de pensamiento y transformación tanto en la institución como en el visitante. La política cultural de la ciudad no ha entendido en esta gestión la importancia de la educación en sus espacios culturales ni su relación con las comunidades; pensamos que lo educativo debería ser el eje central de cualquier institución cultural.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura del DMQ no ha desarrollado una política de fomento a la producción cultural; la asignación y entrega de recursos ha sido discrecional y en interlocución directa con algunos gremios profesionales. Destacamos en las políticas de fomento, el esfuerzo de Cumandá Parque Urbano que en base a un trabajo técnico ha implementado líneas de fomento por convocatoria pública en coherencia con su plan de trabajo y la política cultural de este espacio. Aunque se podría hablar de “fondos de fomento” en el caso de los recursos entregados a artistas participantes en La Fiesta de la Luz o a los grafiteros (condicionando su trabajo a “paletas de color autorizadas”), se trata de limosnas comparadas con los grandes presupuestos entregados a invitadxs internacionales, varias publicaciones (que se desconoce dónde circulan) y a una agenda alrededor de la fotografía que ha tenido en esta gestión un peso innegable. Trabajo y condiciones de producción para artistas y gestores culturales han estado complementamente ausentes del radar de esta Secretaría; una política cultural debería tener como uno de sus ejes fundamentales al trabajo cultural, en interlocución y articulación política con las entidades del gobierno central y en aplicación de la Ley de Cultura, aprobada en 2016.
Asimismo, la perspectiva colonial de esta gestión no ha podido entender la injusta diferencia en la asignación de presupuestos a proyectos culturales locales frente a costosos proyectos internacionales, como por ejemplo la muestra dedicada a la artista Yoko Ono en el CCM; solo pensemos en el presupuesto que recibió la exposición retrospectiva de el Encuentro de Arte Urbano Al Zur-ich, en el Centro de Arte Contemporáneo, proyecto que lleva más de 15 años trabajando con comunidades del sur de Quito, que además sea dicho, fue un sector olvidado en esta administración. El presupuesto de esta exposición no alcanzó ni siquiera el 15% del monto destinado a Yoko Ono. En un contexto en donde los actores culturales locales no reciben el reconocimiento que se merecen y son relegados a un segundo plano, ¿es necesario asignar un gran presupuesto a exposiciones de artistas del mainstream? ¿Una prioridad de la política cultural de la ciudad no debería ser la producción local, en este caso, de artistas contemporáneos ecuatorianos? ¿Cómo se asignan los presupuestos para las actividades gestionadas por los museos, teatros y centros culturales dependientes de la política de la Secretaría de Cultura? ¿Cuáles son sus prioridades? Los procesos participativos se construyen a tiempo y en diálogo permanente, no se improvisa, ni se contrata a especialistas externos para que “den apagando los incendios” que no se pudieron controlar.
II
Consideramos que durante esta administración cultural, que ahora pretende realizar un taller para obtener aplausos y consensos al cierre de su gestión, hubo procesos problemáticos en los que se devela una administración que privilegia a ciertos espacios y sectores culturales, pero que no cumplió, salvo contadas excepciones, con una política cultural realmente inclusiva y diversa, que dé cumplimiento con su documento de derechos culturales. Queremos nombrar estos casos, así como sus excepciones, con el objetivo de consultar a las nuevas autoridades municipales cómo se van a resolver estos asuntos pendientes:
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- ¿Cuál es el estado de las bibliotecas públicas de la ciudad? ¿Han tenido el presupuesto necesario para funcionar? ¿Ha habido una política para la creación de nuevas bibliotecas, sobre todo en barrios periféricos de la ciudad? En relación a políticas de fomento del libro y la lectura que nacen de procesos autónomos y que deberían ser prioritarias para la gestión cultural pública, no olvidamos el caso del proyecto Andoteca. El proyecto fue “invitado” a evitar sanciones por mal uso del espacio público, de parte de la Agencia Metropolitana de Control; así, solo cuando son visibles mediáticamente casos como este, se ha despertado la preocupación de la Secretaría de Cultura por este tipo de procesos y sus problemáticas en torno a la regulación municipal.
- ¿Cuál es el estado de las Casas Somos, antiguos Centros de Desarrollo Comunitario que fueron propuestos como espacios para el encuentro y trabajo cultural en territorio? Hay que recordar que en 2016, se realizó el Encuentro La Junta, que evaluó el funcionamiento de esta infraestructura pública y su transición hacia Casa Somos; aunque La Junta fue financiada por la Fundación Museos de la Ciudad, esta institución dejó los insumos bajo la mesa y un libro censurado durante la administración de M. Elena Machuca. ¿Cuál será el enfoque, las definiciones y el presupuesto que tendrán estos espacios en la nueva Alcaldía? ¿Se los dejará en el abandono o tienen la prospectiva de convertirse en espacios dinamizadores de la cultura y la sociabilidad en el territorio?
- Hay que recordar que durante la administración de Pablo Corral se cerró el área de Mediación Comunitaria en toda la red de Fundación Museos de la Ciudad, invalidando un proceso de reflexión y práctica sobre la función de los museos y las relaciones posibles entre museos y comunidades. El trabajo educativo de Mediación Comunitaria cuestionó relaciones de poder, formas de beneficencia y asistencialismo que caracterizan a políticas culturales aplicadas a espacios sociales o de proximidad ¿Cómo se va a pensar la relación de los museos con las comunidades en esta nueva administración? ¿Se restringirá otra vez toda forma de participación política que desborde “la visita al museo”?
- ?Es necesario mencionar que el componente educativo fue desmantelado en muchos de los museos, espacios y centros culturales de Quito. ¿Nos preguntamos cómo se está pensando la política educativa de esta infraestructura cultural en la nueva administración? Se debe tener en cuenta que lo educativo no solo es un equipo humano, sino que precisa de espacios físicos, herramientas educativas, condiciones laborales adecuadas y un presupuesto claro que permita el desarrollo de equipos de trabajo, ciudadanía y espacios.
- En esta administración se puso en crisis al Centro de Arte Contemporáneo, anunciándose una reestructuración completa de la institución que llevó a convertirla en un Centro de Eventos. A fin de cuentas, esa decisión fue la peor inversión ya que el Instituto Metropolitano de Patrimonio tuvo que invertir una gran cantidad de dinero para restaurar el daño sufrido por ese arrendamiento masivo. A pesar de esta crisis desde el 2017, el equipo del Centro de Arte Contemporáneo ha logrado tener una programación constante y pensar la relación de esas exposiciones con lo comunitario y educativo, ¿Se va a continuar con ese modelo de gestión? Así también, se propuso la creación de un Museo de Arte Contemporáneo, proyecto que después de ser anunciado con bombos y platillos, fue metido debajo de la mesa, archivado y olvidado. Igual que ocurrió con La Junta, los insumos generados en un encuentro para pensar en ese museo nunca se hicieron públicos Otras preguntas clave relacionadas con los museos son: ¿Cuál va a ser la política de coleccionismo público de arte durante la nueva administración, y cómo se va a trabajar en la conservación y difusión pública de las colecciones existentes? ¿Cuáles van a ser los planes para promover el diálogo internacional de la escena del arte?
- En el 2018 se realizó una campaña excluyente y autoritaria que fue maquillada como una política inclusiva para el movimiento hip hop-graffiti: ¨Si no es arte a otra parte¨. Este proceso solapó la criminalización a estas expresiones culturales, cuyo caso más visible fue “la pintada” al Metro de Quito. A pesar de que, desde organizaciones y voces de la ciudadanía, se promovieron espacios de discusión, como el “Foro Grafiti y Espacio Público” en abril del 2018, donde Pablo Corral se dispuso a trabajar con el movimiento hip-hop y otros actores para llegar a un consenso, se trató de un proceso que perdió importancia para los funcionarios y finalmente fue truncado en lo burocrático. Sin embargo, luego aparecieron supuestos procesos de inclusión que consistieron en pintar puentes peatonales con motivos cívicos municipales, pagándoles a grafiteros con pintura y una remuneración precaria, sin un criterio de discusión para repensar las políticas sobre el uso e intervención del espacio público, y aparentemente mostrar mediáticamente una forma de enmendar la criminalización de un grupo vulnerable por parte del Alcalde. Esto solo deja ver la limitada comprensión del Municipio sobre procesos culturales y artísticos en espacios públicos y en general sobre cualquier expresión que no se encuentre alineada con los “cánones estéticos” e intereses políticos de la administración central. No olvidamos tampoco la censura al “Milagroso altar blasfemo” (Mujeres creando), que fue parte de la muestra “La intimidad es política” en el CCM. ¿Cómo va a trabajar el eje arte y espacio público la nueva administración municipal? ¿Cuál será la relación de la Secretaría de Cultura con culturas urbanas basadas en un trabajo cercano, que comprenda modos de producción, políticas y agendas propias? Destacamos en este sentido, el trabajo de Cumandá Parque Urbano; los procesos llevados a cabo con culturas urbanas, así como con comunidades de vecinos, colectivos, propuestas emergentes y críticas, en diálogo no solo enunciativo sino práctico con enfoque de género, cultura y territorio, ha sido destacable en esta institución
- En relación con el punto anterior, los procesos culturales gestados sobre todo por jóvenes, como las casas culturales autogestionadas, teatros y centros culturales barriales, casas comunitarias, no han tenido espacios de interlocución municipal de parte de esta Secretaría, ni tampoco un mínimo acercamiento para comprender sus formas de gestión, economía, producción y organización que difícilmente calzan en lógicas tecnocráticas y del “emprendimiento”. Aún cuando este tipo de procesos tienen una gran incidencia -dado su trabajo autogestionado con sentido público- en diversos contextos y comunidades de la ciudad, continuamente se enfrentan a dificultades, exigencias de permisos, citaciones policiales, notificaciones de desalojo para espacios ocupados. Todo esto ocurre aún cuando los proyectos gestados por estos colectivos responden a necesidades concretas y a planteamientos que promueven el ejercicio de derechos culturales y que, por demás, emergen del diálogo con los territorios. Así como sucedió con el proyecto Andoteca, solamente cuando salen a la luz pública casos como el del Centro Cultural Rompecandados, en Chillogallo, la Secretaría de Cultura participa -gracias a un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo- en una reunión con los gestores involucrados en el caso. La futura administración cultural de la ciudad requiere urgentemente diseñar en diálogo políticas para espacios independientes, no pensadas en los escritorios sino desde la real comprensión de estas prácticas.
- Sabemos las limitaciones de gestión y restricciones que impone el sistema de contratación pública aplicado al sector cultural debido al marco legal existente. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por los monopolios que supone la gestión de fondos públicos en manos de contadas productoras, cuya virtud es tener un capital económico -imposible para muchos agentes y profesionales del campo cultural- que garantice la ejecución de proyectos. Las productoras poco aportan a la dinamización del trabajo cultural profesional y concentran recursos, decisiones y experiencia. Es necesario aclarar cuál es el sustento de las estrategias para la contratación pública que ha consensuado el Municipio y la Secretaría de Cultura para que desde la transparencia sea posible evaluar la clase de servicios que dan las productoras privadas, así como el tipo de contratos que administran, y el costo pagado con dinero público que su trabajo significa en la gestión de la cultura.
III
Queremos preguntarle a la nueva Alcaldía qué tipo de política cultural diseñará e implementará en la ciudad. Si bien en la propuesta de campaña de Jorge Yunda se delinean algunos ejes como “Quito Mueve la Cultura”, en el que se enfatiza en la quiteñidad, el patrimonio del Centro Histórico y la cultura de los barrios, y el programa “Expresiones del arte”, en el que se trata el fomento y los premios a las artes, así como la relación de los adultos mayores con la cultura, creemos que estos ejes no cubren todas las expresiones y necesidades culturales de la ciudad. ¿De de qué quiteñidad y sus imaginarios hablamos en una ciudad que acoge migraciones locales e internacionales, y que necesita construir relaciones de convivencia en diferencia? Antes de implementar cualquier programa, pensamos que las instituciones culturales tienen que ser evaluadas por especialistas y representantes de organizaciones sociales, barriales, gremiales, para evitar refundaciones y experimentaciones innecesarias que caotizarían aún más la gestión de la cultura. Asimismo, es necesario que las instituciones culturales tengan perfiles profesionales adecuados, elegidos por convocatoria y concurso público y que los programas y proyectos sean realizados por expertos en cada área.
Pensar en cultura desborda la generación de una oferta de ocio y entretenimiento delineada por las instituciones municipales de turno. Llamamos a la comprensión de una noción de cultura expandida en la que se tensionan al menos tres entradas de reflexión crítica para la gestión de la cultura en la ciudad: un campo cultural que actualmente cuenta con profesionales formados en las distintas artes, la gestión cultural, trabajos técnicos, etc. que requieren condiciones laborales, de producción, circulación y fomento, que deberán ser generadas por la Secretaría de Cultura en su política, a partir de la heterogeneidad de las prácticas y los modos de gestión existentes en nuestro contexto (no todo es emprendimiento, no todo es ong, no todo es gremio); segundo: las expresiones culturales de los territorios que desarrollan prácticas con comunidades con preocupaciones más amplias, a veces distantes a las demandas profesionales (el movimiento Cultura Viva Comunitaria articula varias de ellas): el derecho a la ciudad, la soberanía alimentaria, la diversidad cultural y lingüística, la economía como un constructo cultural, la relación con la naturaleza, entre otros; y un tercero, que pone a la cultura en el lugar de la producción de subjetividades, de las formas de relacionamiento entre culturas y ciudadanos, de las prácticas cotidianas que deben ser trabajadas en una agenda concreta alrededor de los derechos culturales.
Pensamos también que en cultura y en el trabajo cultural, hay dos modelos posibles: el uno basado en la apariencia y en el impacto mediático, y el otro basado en un trabajo meticuloso, procesual y realmente dedicado a la gestión cultural. Hablamos de una labor que valore el respeto hacia los trabajadores, artistas y públicos, un trabajo que se cuestione cómo las prácticas educativas dentro de las instituciones culturales aportan a la transformación social y a las diversas comunidades. Pensamos que la gestión que ha llevado a cabo Cumandá Parque Urbano y el Centro de Arte Contemporáneo (este último, a pesar de la crisis notoria de la Fundación Museos de la Ciudad en los últimos años) va en la segunda línea. Quizás esas prácticas y modos de hacer puedan ser un modelo de gestión para muchas de las instituciones culturales que requieren evaluarse y revisarse.
También se debe precisar a la nueva administración que cultura y arte no son sinónimos de espectáculos efímeros a los que se destinan enormes presupuestos. El trabajo en artes se encuentra relacionado con el tejido social y, por este motivo, es de suma importancia sobre todo su carácter crítico y reflexivo. Creemos que la nueva administración tiene trabajo por hacer en este sentido; es un reto que debe ser abordado en un diálogo amplio y con una participación diversa. Es importante cambiar el paradigma del arte como “circo para el pueblo” y empezar a entenderlo como una herramienta de movilización del pensamiento y de los procesos educativos formales y no formales.
Este ejercicio colectivo de memoria que hemos realizado como Comité de Actores Culturales, lo presentamos a modo de evaluación crítica a la anterior gestión de la Secretaría de Cultura y también como una recomendación a la nueva administración. Es necesario que se evite caer una vez más en decisiones arbitrarias e improvisadas en el campo de la cultura o que la política de la ciudad y la gestión de sus instituciones respondan a agendas personales. Aún quedan algunos temas pendientes por analizar. Nuestro trabajo de observación será constante, así como lo es nuestra disponibilidad de acompañar y aportar en procesos institucionales de carácter público.
Finalmente, queremos recordar que en 2017, algunos de nuestros compañeros realizaron una serie de imágenes de la Fiesta de la luz; la idea era contrastar lo que se iluminaba: el patrimonio religioso y colonial de la ciudad con lo que se ocultaba. Se utilizaron estrategias para despistar al visitante, recorridos previamente establecidos por zonas recién pintadas e iluminación dirigida al patrimonio trataban de ocultar el deterioro del Centro Histórico de Quito. En el 2017, unas carpas verdes encubrieron lo que sucedía en la Plaza de San Francisco: se retiraron las piedras para las obras del Metro de Quito y se destruyó el patrimonio prehispánico localizado en el lugar. No importó el debate y la indignación de algunos sectores. La absurda noción de ¨progreso¨ y los intereses inmobiliarios llevaron a que el Metro de Quito incluyera en su ruta a San Francisco. En el 2018, las obras terminaron y las piedras fueron vueltas a colocar. La Fiesta de la luz incluyó en su recorrido a la Plaza de San Francisco. No sabemos si por coincidencia o de manera intencional -pero ciertamente de manera contradictoria- el mapping proyectado sobre la Iglesia de San Francisco mostró diseños precolombinos. ¿Qué se iluminará y qué se ocultará en la nueva administración, es posible un trabajo transparente y que aporte a la diversidad cultural de la ciudad?
Comité de Actores Culturales
Firmas de responsabilidad:
Paola de la Vega
Ana María Garzón
Manuel Kingman
Carlos Moreno
Jaime Sánchez
Suscriben:
Pablo Xavier Almeida
Malena Bedoya
Adriana Coloma
Alejandro Cevallos.
Fabiano Kueva
Fernando Falconí (Falco)
Gio Valdivieso Latorre
Natalia Santamaría
Jorge Cisneros
Santiago Vizcaíno
Omar Arregui Gallegos
José Luis Macas Paredes
Mariana Andrade
Nelson Ullauri
Isabel LLaguno
Karina Marín
Natalia Espinosa
Gabriela Montalvo
Yomara Rosero
Tanya Sánchez Ribadeneira
Julian Coraggio
Eduardo Hinojosa
Santiago J. Campos
Jaime Hidalgo Maldonado
Santiago Hidalgo Maldonado
Alexandra Londoño
Zulma Chato
Andrea Brito
Diego Luna Zurita
Juan Francisco Moreno
Adriana Herrera
Alejandra Guadalupe Vaca Arias
